El proyecto de ley refuerza la supervisión de plataformas digitales y medios para garantizar la transparencia y el pluralismo informativo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios de Comunicación, que otorga nuevas competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en materia de supervisión mediática y digital.
Nuevas competencias de la CNMC en medios de comunicación
La nueva normativa, que será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria, amplía significativamente las funciones de la CNMC, que pasará a ser la autoridad competente para:
- Sancionar a medios que operen sin registro oficial
- Evaluar operaciones de compra de medios para prevenir la concentración mediática
- Supervisar plataformas digitales españolas con menos de 45 millones de usuarios
- Coordinar los servicios digitales a nivel nacional
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, explicó en rueda de prensa que el objetivo principal es «reforzar los derechos digitales y la democracia» mediante una mayor transparencia en el sector mediático.
Registro obligatorio de medios: transparencia en la propiedad
Una de las medidas más destacadas es la creación de un registro estatal de medios gestionado por la CNMC, complementado con registros autonómicos. Este sistema permitirá a los ciudadanos conocer:
- La titularidad real de los medios de comunicación
- El volumen de inversión publicitaria que reciben
- Los ingresos procedentes de financiación pública extranjera
Aunque la inscripción no será obligatoria para el funcionamiento, la CNMC podrá imponer sanciones a aquellos medios que operen sin registrarse. Además, estar inscrito se convertirá en un criterio objetivo para recibir publicidad institucional.
Control de la concentración mediática y pluralismo informativo
La nueva ley extiende a todos los medios de comunicación las medidas anticoncentración que actualmente solo se aplican a radio y televisión. La CNMC evaluará las operaciones de compraventa de medios para garantizar el pluralismo informativo y evitar monopolios en el sector.
Sin embargo, los porcentajes específicos de concentración aún no están definidos, ya que la CNMC ha solicitado más tiempo para estudiar en profundidad esta cuestión técnica.
Supervisión de plataformas digitales y protección de menores
En el ámbito digital, la CNMC supervisará plataformas españolas con menos de 45 millones de usuarios, mientras que las de mayor tamaño quedarán bajo competencia de la Comisión Europea. No obstante, el organismo español podrá elevar denuncias y alertas sobre estas grandes plataformas.
Las plataformas nacionales deberán implementar canales de denuncia obligatorios y cumplir con requisitos de transparencia algorítmica. Además, se reforzará la protección de menores en entornos digitales mediante nuevas competencias para la Agencia Estatal de Protección de Datos.
Estructura organizativa y red de alertadores
Para gestionar estas nuevas competencias, se crearán dos direcciones generales:
- Dirección General de Servicios Digitales
- Dirección General de Medios de Comunicación
También se establecerá una red de alertadores fiables certificados por la CNMC, compuesta por personas jurídicas que actuarán como entidades de confianza para detectar contenidos problemáticos.
Marco legal y cumplimiento europeo
El proyecto modifica tres leyes fundamentales:
- Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
- Ley General de Comunicación Audiovisual
- Ley de creación de la CNMC
Esta normativa se alinea con los reglamentos europeos de servicios digitales y forma parte del Plan de Acción para la Democracia comprometido por el Gobierno, que según López ya supera el 60% de cumplimiento.
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Próximos pasos legislativos
El proyecto de ley iniciará ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde deberá superar los debates y enmiendas correspondientes antes de su aprobación definitiva. Su implementación representará un cambio significativo en la regulación del panorama mediático y digital español, estableciendo nuevos estándares de transparencia y control en ambos sectores.
